Ayer tuve una agradable conversación con una nueva clienta, aunque el sabor final fue agridulce. La clienta había sido inquilina en una vivienda y ahora, que dejaba el piso, la propietaria no quería devolver el dinero de la fianza. Según me contó, era un claro caso de arrendamiento ‘sospechoso’, ya que la propietaria había hecho cosas ilegales desde el principio. En otras palabras, contaba con los ingredientes necesarios para una perfecta receta de ‘caso desastroso’; de caso que, con un asesoramiento previo a la firma del contrato, habría podido evitar muchos problemas a la clienta.

Pero la clienta acudió a nosotros al final del contrato, una vez firmado el mismo y asumidas las obligaciones. Evidentemente, ante los hechos presentados, hicimos nuestro trabajo: ser totalmente sinceros con la clienta y presentar la realidad jurídica de su situación. Aunque agradeció enormemente nuestro asesoramiento, nos hubiera gustado poder trabajar con ella al principio del asunto, y haber podido ayudar más.

En OTIS Advocaten nos encontramos con casos como este frecuentemente. No importa la materia que sea, o el tipo de caso. Empresas con socios inmersos en una disputa, complejas compraventas, o  reestructuraciones laborarles. En demasiadas ocasiones, los clientes acuden a nuestro asesoramiento cuando el asunto ya se ha convertido un enorme problema. Una consulta previa y constante habría permitido evitar la aparición del problema.

Desde mi punto de vista, es esencial contar con un buen asesoramiento legal en la ejecución de muchos pasos que tomamos a lo largo nuestra vida. Constituir una empresa o firmar un contrato de arrendamiento sin asesoramiento legal, es como querer construir una vivienda sin contar con un arquitecto, o viajar en avión sin un piloto. Puede salir bien, pero es altamente arriesgado.

Por otra parte, la situación generada por el COVID-19 ha provocado el nacimiento de muchas nuevas leyes, que los diferentes organismos públicos en España (gubernamentales, autonómicos y locales) están generando para tratar de paliar las consecuencias de la pandemia. Pues bien, dada la división constitucional de competencias establecida en España, muchas de estas normas van a ser impugnadas ante los tribunales y dejarán de ser aplicables (total o parcialmente); lo que genera una enorme incertidumbre e inseguridad jurídica, aumentando así los riesgos y la necesidad de contar con buenos profesionales a tu lado.

Somos perfectamente conscientes de que, desde un punto de vista ajeno a la abogacía, no parece atractivo invertir dinero en abogados cuando todavía no existe un problema. Y es legítimo pensar así, porque creemos que hay confianza entre las partes implicadas, y que un abogado solo complicará las cosas.

En OTIS Advocaten apostamos firmemente por la negociación previa y la resolución amistosa de conflictos, como modelos de actuación que nos permiten ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos. Si tiene usted algún asunto con implicaciones legales, no lo dude y permítanos asesorarle. Una decisión así puede ahorrarle mucho tiempo, problemas y dinero.