En Derecho existe una frase popular que dice: “Más vale un mal acuerdo que un buen pleito”. Creo que no nos hacemos una idea clara y real de lo que supone estar inmersos como ‘partes interesada’ en un procedimiento judicial.

En algunas ocasiones, he visto cómo afronta el cliente el proceso de negociación: sin darle la importancia que tiene. Desde una postura mental de rigidez y ni siquiera valorando de manera razonada y objetiva, el cliente ha rechazado la propuesta de la otra parte y hemos terminado en pleito. Porque vemos el caso (el asunto) desde un paradigma de problema. Alguien con el que colaborábamos, porque –por ejemplo- hemos montado un negocio, ahora se convierte en nuestro competidor; en lugar de seguir colaborando para llegar a una solución amistosa del caso.

Ahora más que nunca, a raíz del COVID-19, se ha necesario darle a la negociación la importancia que merece: se trata de un proceso previo al judicial, en el que las partes deben intentar llegar a un acuerdo y evitar así un juicio.

En líneas generales, los juzgados y tribunales de España están saturados y atascados, con miles y miles de casos y expedientes. Esta ha venido siendo nuestra imagen en los tribunales desde hace muchos años.

En OTIS Advocaten siempre nos hemos tomado muy en serio la vía previa. Somos plenamente conscientes de los problemas (añadidos al propio asunto) que acarrea un procedimiento judicial.

En primer lugar, el factor económico. Un juicio supone un gran desembolso monetario por parte del cliente, sobre todo si en el caso hay involucrados documentos judiciales extranjeros. Informes, traducciones y trámites semejantes pueden suponer una gran coste.

Por otra parte, debemos tener en cuenta el factor personal. Estar implicado en un procedimiento judicial, normalmente es debido a que tenemos un problema con otra persona; lo cual nunca es agradable. A ello debemos unir que, la saturación judicial que antes comentábamos, implica que es posible que pasen meses –muchos- hasta que tengamos una sentencia.

Por último, tenemos el factor judicial. Los jueces y tribunales hacen su trabajo honrando su labor, pero el Derecho es cambiante y susceptible de interpretación. Con esto, queremos enfatizar que ir a juicio también supone un riesgo, porque nadie sabe cómo puede acabar el procedimiento y cuál es el criterio que el Juez, interpretando la Ley, puede llegar a imponer.

Todos los webinars y conferencias a los que asistimos coinciden en que, la situación generada por el COVID-19 ha traído más incertidumbre al mundo jurídico. Los factores negativos explicados se han visto incrementados por la pandemia y la cuarentena. Estamos inmersos en una crisis económica (factor económico). El COVID-19 va a generar muchos casos judiciales, lo que aumentará el colapso en los tribunales; por lo que nuestra sentencia puede tardar aún más en llegar (factor personal). Por último, ante la nueva normativa que ha aprobado el Gobierno español para hacer frente al virus, no sabemos qué criterios interpretativos adoptarán los jueces a la hora de aplicar la Ley, por lo que aumenta la incertidumbre (factor judicial).

En conclusión, ahora y más que nunca, desde OTIS Advocaten le animamos a invertir en un buen asesoramiento que tenga como objetivo cerrar el asunto de una manera amistosa y lo más beneficiosamente posible para ambas partes.